La confianza pública no es un discurso. Es una práctica diaria.

En las últimas semanas, en La Romana se han colocado sobre la mesa hechos concretos. Se hizo público un contrato municipal vinculado al manejo de residuos que ha generado preguntas legítimas sobre su monto y condiciones. También se volvió a denunciar la no ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el libre tránsito en un sector residencial de nuestra ciudad. Además, se han discutido actuaciones de autoridades que han provocado inquietud en distintos sectores de la comunidad.

Estos temas han sido discutidos públicamente en los últimos días. Son hechos documentados. No son hechos aislados. Y eso es lo que preocupa.

Cuando un contrato no se explica con claridad, surgen dudas. Cuando una sentencia no se ejecuta, se debilita la autoridad de la ley. Cuando un procedimiento genera malestar, la relación entre ciudadano y Estado se tensiona.

Cumplir la ley no es opcional. Es la base del respeto público.

La confianza institucional se construye con transparencia, coherencia y cumplimiento. No basta con tener la razón jurídica. También es necesario comunicar, rendir cuentas y actuar con reglas claras.

Las instituciones no solo manejan oficinas. Manejan confianza.

La Romana necesita instituciones firmes, pero sobre todo necesita instituciones confiables. Una ciudad donde la gente confía coopera más, participa más y fortalece la convivencia democrática. Cuando esa confianza se debilita, el costo no es político; es social.

Porque esta ciudad —la que trabaja, la que emprende, la que educa a sus hijos todos los días— necesita instituciones a la altura de su gente.

La confianza no se exige. Se gana. Porque cuando la confianza se debilita, nadie gana. Y cuando se fortalece, gana La Romana.