Cuando una reforma toca la salida del empleo, toca la mesa de la casa.

En el Congreso avanza una reforma al Código de Trabajo que se presenta como una modernización. Se habla de teletrabajo, licencias y procesos más ágiles. Sin embargo, el punto que realmente tiene mayor peso está en otro lado: la cesantía, el tiempo para pagar y las sanciones por incumplimiento.

La postura es clara: ninguna regla que afecte el sustento de miles de familias puede moverse entre medias verdades.

En La Romana, muchas personas viven de una quincena corta. Cuando llega una cancelación, la ley no es un simple papel: es el recurso que permite cubrir comida, alquiler, pasaje y escuela mientras aparece otro ingreso. Por eso, si se alargan los plazos y se debilitan las consecuencias para quien no paga, el golpe no recae sobre quien tiene mayor capacidad de aguante, sino sobre quien ya estaba en una situación apretada.

El sector empresarial tiene derecho a defender sus costos. Eso forma parte legítima del debate. Lo que no se puede aceptar es que se presente una reforma como avance, mientras al mismo tiempo se impulsan cambios que dejan al trabajador en una posición más débil al momento de cobrar lo que le corresponde.

Si van a tocar derechos, deben decirlo completo y de frente. Porque cuando una ley empieza a proteger más al que debe que al que espera, lo que se reforma no es el trabajo: es el límite de lo que un pueblo está dispuesto a aguantar.