Otra vez vuelve el tema de la reforma fiscal. Y otra vez la gente se hace la misma pregunta: ¿por qué siempre el sacrificio empieza por el ciudadano y no por el Estado?

Según la Ley de Presupuesto General del Estado y los datos de la Dirección General de Presupuesto, el país manejará este año un presupuesto de unos 1.8 billones de pesos. Dicho en simple: es mucho dinero. Ese monto equivale a cerca del 20 % de todo lo que produce el país en un año.

¿Y en qué se va ese dinero? La mayor parte no va a obras nuevas ni a inversiones. Entre un 85 % y un 90 % del gasto se usa para “mantener el Estado funcionando”: nómina, pagos fijos, contratos, subsidios y compromisos ya asumidos. Solo una parte menor se destina a construir, mejorar o invertir.

El gasto más grande es la nómina pública, que supera los 376 mil millones de pesos. Eso significa que casi uno de cada cuatro pesos del presupuesto se va en sueldos. A eso se suma otro peso pesado: los intereses de la deuda, que consumen alrededor de 20 % del gasto total.

En palabras sencillas, una buena parte del dinero que entra al Estado se usa primero para pagar empleados y deudas, antes de llegar directamente a la gente.

El Gobierno también tiene argumentos, y hay que reconocerlos. Se mantiene inversión en carreteras, viviendas, agua potable y programas sociales. La economía sigue creciendo. Eso es verdad.

Pero también es verdad que el gasto fijo sigue siendo muy alto y que la población no ve recortes claros donde hay exceso.

Ahí está el choque.

Primero, no se puede pedir más impuestos si el Estado no da señales claras de orden. La gente quiere ver que se controle el gasto, que se reduzcan los lujos y que se eliminen los gastos innecesarios.

Segundo, nadie puede hacerse el loco con los números. Si no se sabe en qué se gasta, hay desorden. Y si se sabe y no se corrige, hay falta de voluntad.

Tercero, la confianza no se decreta. Se gana con hechos. Cuando el Estado se aprieta el cinturón, la gente escucha. Cuando no, la desconfianza crece.

La idea es simple y clara: antes de meterle la mano al bolsillo del ciudadano, el Estado tiene que ordenar su casa.

Porque impuestos se pueden cobrar. Pero la confianza, una vez perdida, cuesta mucho recuperarla.