La convivencia entre las zonas residenciales y los negocios comerciales en el casco urbano de La Romana vuelve a generar fricciones debido al incumplimiento de las normativas de salud y ecosistémicas. Vecinos del centro del municipio denunciaron públicamente que siguen desprotegidos ante la densa contaminación química e industrial provocada por un taller de desabolladura y pintura de vehículos que opera de manera presuntamente irregular, esparciendo compuestos volátiles en un área de alta circulación de personas.

Según los datos asentados en el expediente oficial MMARN-35875 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el órgano estatal dio por concluida la fase de amonestaciones administrativas. Esto se determinó tras ejecutar tres rigurosas inspecciones de campo en el local, ubicado en la calle Pedro A. Lluberes número 77. Aunque en primera instancia el propietario del comercio se comprometió a instalar cabinas de filtrado y extractores técnicos para retener los residuos, la última inspección de los técnicos estatales confirmó que las promesas de mitigación ambiental no fueron ejecutadas en los plazos previstos.

Al agotarse las vías conciliatorias, el expediente del caso fue transferido de manera formal al magistrado Richard Güílamo, procurador de Medio Ambiente en la provincia de La Romana. Los comunitarios afectados, respaldados por el reporte periodístico de la comunicadora Itzel Olivo para el portal N Digital, hicieron un llamado urgente a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren). La solicitud comunitaria exige que se agilicen las medidas cautelares pertinentes para ordenar la clausura temporal o definitiva del establecimiento, fundamentando la petición en las severas sanciones tipificadas dentro de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.