El senador Antonio Taveras Guzmán impulsó una resolución para que el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional expliquen ante el Senado muertes ocurridas en intervenciones policiales.
La resolución busca explicaciones sobre muertes durante operativos policiales
La iniciativa solicita que la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, comparezcan ante el pleno del Senado.
Ambos funcionarios deberán explicar los protocolos jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como la forma en que las autoridades verifican las versiones de los agentes involucrados en intervenciones con muertes.
La propuesta también pide información sobre las investigaciones de la Dirección de Asuntos Internos, sus resultados y los mecanismos institucionales de supervisión y control. Además, plantea examinar la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, incluidos los criterios aplicados cuando una captura o detención termina con la pérdida de una vida.
Taveras cuestiona el uso de la fuerza letal sin amenaza inminente
La resolución sostiene que tener antecedentes delictivos, estar bajo investigación o contar con una orden de arresto no justifica por sí solo el uso de fuerza letal. Taveras afirmó que un agente solo debe utilizarla cuando exista una amenaza inminente contra su vida o la de otra persona y resulte estrictamente inevitable para protegerla.
El senador sostuvo que calificar un hecho como un “intercambio de disparos” no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente una muerte. También declaró que en República Dominicana no existe la pena de muerte y que la lucha contra el delito debe desarrollarse dentro del Estado de derecho.
Taveras afirmó que las personas señaladas de cometer delitos deben ser conducidas ante los tribunales, en lugar de morir durante intervenciones policiales. Aclaró que exigir el respeto de la ley no implica defender a los delincuentes, sino procurar que sean sometidos a la justicia y juzgados.
El legislador también cuestionó que la Policía Nacional mantenga aproximadamente 53,000 órdenes de arresto pendientes de ejecución y preguntó si todas esas personas serían ejecutadas bajo los procedimientos actuales. Según afirmó, parte de la población respalda las muertes extrajudiciales, pero los responsables públicos deben garantizar el Estado de derecho.
El senador citó 359 muertes clasificadas como intervención legal
De acuerdo con los boletines de seguridad ciudadana citados por Taveras, en 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como “intervención legal” de agentes del orden. Esa cifra representó casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados durante ese año.
Durante el primer semestre de 2026, las muertes clasificadas como “intervención legal” llegaron a 144, equivalentes al 23 % de los 625 homicidios registrados en ese período. En los primeros días de octubre habían fallecido 21 personas a manos de agentes policiales, mientras septiembre cerró con 55 muertes, según el contexto presentado por el senador.
Como antecedentes, Taveras recordó los casos de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, esposos evangélicos abatidos por agentes policiales el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia cuando regresaban de una actividad religiosa.
También citó el caso de La Barranquita, en Santiago, donde cinco hombres murieron durante una intervención policial en septiembre de 2025.
La comisión del Senado estudiará la propuesta antes de devolverla al pleno
La resolución fue enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que deberá estudiarla durante 15 días antes de devolverla al pleno.
Al momento de la solicitud, no constaba una respuesta pública de Faride Raful ni de Ernesto Rafael Rodríguez García sobre la iniciativa para que comparezcan ante los senadores.
