El Ministerio Público presentará el 16 de octubre en La Romana una acusación contra ocho personas y cinco empresas por una presunta red que afecta a más de 426 víctimas.
La acusación será depositada ante un tribunal de La Romana
La acusación formal será depositada ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, en el marco de la Operación Guepardo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana presentarán el expediente contra los vinculados al caso.
El Ministerio Público relaciona la investigación con presuntos delitos de estafa inmobiliaria, estafa electrónica y lavado de activos. Las personas afectadas son dominicanas y extranjeras.
El expediente reúne más de 1,660 elementos de prueba
La acusación está sustentada en más de 1,660 elementos documentales, materiales, periciales, ilustrativos y audiovisuales, según el Ministerio Público.
Las ocho personas acusadas son:
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Yves Alexandre Giroux
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Rocío del Alba Rodríguez de Moya
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Marisol Nova Nolasco
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Astrid Rydelis Bello
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Javier Gustavo Ulloa Bueno
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Joana Paola Guerrero Milián
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Samayra del Rosario Barreto
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Cynthia Desirée Giroux Sarita
Las empresas señaladas son:
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Novasco Real Estate SRL
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REMAX One
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Rodeca Marketing Group SRL
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RR Marketing Group EIRL
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AGOTT 24, SRL
El Ministerio Público sostiene que fueron utilizadas para canalizar fondos obtenidos presuntamente de manera ilícita.
La investigación fue coordinada por Claudio Cordero, fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, fiscal de la Fiscalía de La Romana. Ramona Nova, procuradora de corte, y Reina Rodríguez, fiscal, figuran como responsables institucionales de las dependencias que presentan la acusación.
El expediente representa un paso firme contra estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos.
Ramona Nova y Reina Rodríguez
La investigación atribuye a la red captación y desvío de inversiones
Según la acusación, la estructura operó desde inicios de 2022 hasta marzo de 2024 bajo la fachada de empresas inmobiliarias. El Ministerio Público atribuye a sus integrantes distintos niveles de participación en la organización y beneficio de las operaciones.
Entre las funciones atribuidas figuran:
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La promoción y comercialización de proyectos.
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La administración empresarial.
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La suscripción de contratos.
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La canalización de fondos.
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El manejo contable.
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La atención de reclamaciones.
El Ministerio Público acusa a Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova de liderar la red investigada. La acusación sostiene que el grupo utilizó la franquicia RE/MAX para generar confianza y captar inversiones en proyectos que, según la investigación, eran fraudulentos.
Las víctimas habrían recibido ofertas de inversión inmobiliaria con retornos atractivos, difundidas mediante medios digitales y redes sociales. El Ministerio Público sostiene que el dinero no fue destinado a proyectos reales, sino desviado y lavado mediante empresas fachada.
La red habría movilizado más de 18 millones de dólares provenientes de las víctimas. El expediente describe el funcionamiento de la estructura, el flujo del dinero y la participación atribuida a los imputados.
Allanamientos incluyeron bienes incautados en La Romana y el Este
La acusación atribuye a Joana Paola Guerrero Milián funciones contables vinculadas con el manejo de las finanzas de Novasco Real Estate.
El Ministerio Público sostiene además que Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, intimidaba a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero.
Durante allanamientos realizados en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, las autoridades incautaron vehículos de alta gama, propiedades e inmuebles vinculados al caso.
El tribunal deberá evaluar la acusación y decidir si abre juicio
El proceso quedará pendiente de la fijación de una audiencia preliminar, en la que el tribunal deberá evaluar la acusación y las pruebas para decidir si dispone la apertura a juicio.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan para identificar y someter a otras personas presuntamente vinculadas a la red.
En una investigación previa relacionada con el esquema, el Estado dominicano fue identificado como una de las víctimas por una presunta evasión de impuestos y otras obligaciones legales.
