La estabilidad económica del principal motor de la economía nacional se encuentra bajo debate regulatorio. La Asociación Dominicana de Operadores Turísticos (ADOTUR) expresó de manera pública su profunda preocupación por la forma en que se está aplicando la contribución económica obligatoria establecida en la Ley número 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su ejecución técnica actual no toma en cuenta la realidad operativa ni comercial de la cadena de intermediación.

Aunque la entidad reconoció el valor de las políticas orientadas a fortalecer la protección del medio ambiente, advirtió que la normativa genera distorsiones severas. El presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro, respaldó la postura institucional e indicó la total disposición del gremio para participar en mesas de trabajo que permitan armonizar la sostenibilidad con las dinámicas turísticas. Asimismo, Danni Osoria, gerente y miembro de la directiva de ADOTUR, explicó detalladamente que la problemática radica en que la ley podría aplicarse sobre el precio de venta en cada eslabón, lo que implicaría un múltiple cobro por el mismo servicio prestado a agencias, hoteles y excursiones.

Ante este panorama que eleva los costos y reduce la competitividad de la República Dominicana, la asociación hizo un llamado formal a las autoridades competentes para abrir un espacio de diálogo abierto. El objetivo de este gremio es estructurar un mecanismo equilibrado que evite una múltiple tributación desproporcionada, garantizando así la permanencia del desarrollo económico y el resguardo de las empresas de intermediación frente al consumidor final.