El escenario legislativo dominicano entra en una fase crucial de debates estructurales. El Senado de la República Dominicana recibió un conjunto de 18 propuestas de enmienda remitidas por el Poder Ejecutivo con el fin de modificar aspectos neurálgicos del nuevo Código Penal. Entre los puntos más debatidos de este documento, el Gobierno central propone formalmente mantener las penas de prisión vigentes para los delitos relacionados con la libertad de expresión, una postura que genera frictions frente a las constantes solicitudes de eliminación del castigo penal externadas por entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios.

Dentro de las especificaciones técnicas depositadas en el Congreso Nacional, se plantea que el delito de difamación reduzca su condena actual, pasando de una escala de dos a cinco años a un rango de uno a dos años de prisión. En contraposición, la iniciativa gubernamental propone excluir de cualquier tipo de sanción legal aquellas expresiones o denuncias públicas dirigidas hacia la corrupción administrativa, las políticas del Estado, la función pública y la gestión de servicios públicos, siempre y cuando dichas afirmaciones cuenten con un sustento probatorio o un proceso de verificación razonable.

El pliego de reformas también abarca revisiones minuciosas en tipificaciones delictivas de alto impacto social, tales como el hostigamiento, el exhibicionismo, el acoso, el proxenetismo y la malversación de fondos públicos. Una comisión bicameral asumirá el estudio ponderado de estas propuestas junto a las iniciativas de la sociedad civil. Es fundamental destacar que la población general y los gremios profesionales tendrán como fecha límite el 15 de julio para presentar de manera formal todas sus observaciones y sugerencias ante el órgano legislativo antes de la redacción del informe definitivo.