La Romana. – Compradores y copropietarios de un ambicioso proyecto de 400 viviendas en La Romana denunciaron un “atropello pseudojurídico” que ha detenido la entrega de las casas a cientos de familias trabajadoras. El conflicto, derivado de un divorcio, ha incluido ilegalmente a Inmobiliaria Don Juan –dueña del terreno y promotora– en un proceso de separación de bienes, paralizando operaciones y dejando a empleados, obreros y suplidores en crisis económica.

El jurista Dionisio Ortiz detalló que el litigio entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury (hija de Abraham Hazoury) ha usado maniobras judiciales “abusivas e improcedentes” para presionar a Llaneza. Abogados como Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque de la oficina León & Raful han sido declarados litigantes temerarios por varios tribunales. “Es un instrumento de bloqueo económico sin base legal”, enfatizó Ortiz.

Tres instancias judiciales han avalado la independencia de Inmobiliaria Don Juan: la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación y el Tribunal Superior de Tierras. El patrimonio pertenece a la familia materna de Llaneza desde hace más de 100 años, antes de su nacimiento, por lo que no entra en el reparto conyugal.

Las víctimas son maestros, empleados públicos, pequeños comerciantes y profesionales que ahorraron con sacrificio para el inicial. Muchos pagan intereses de préstamos aprobados y viven alquilados, soñando con mudarse para marzo de 2025 –fecha ya vencida.

Gilberto Guerrier Batiste, de 40 años, maestro y técnico distrital del 05-11, padre de tres hijos y esposo de otra educadora, rompió en llanto: “Mi familia está en la calle, no sé qué hacer. Queremos celebrar Navidad en nuestra casa”. Carmen Rosario, maestra de quinto grado de 32 años y madre de tres, añadió: “No soy culpable de nada. Esta Navidad quiero cenar con mis hijos en mi hogar”.

Irving Batista, de 35 años, empleado privado con esposa embarazada, vive en el proyecto, pero no recibe un terreno adicional comprado para patio, mientras paga intereses bancarios mensuales.

Las copropietarias Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle (madre de Llaneza) reiteraron su compromiso: “Este patrimonio es familiar desde hace un siglo; no puede repartirse. Pedimos justicia sin influencias para entregar las viviendas y honrar a estas familias”. Confían en que los tribunales actúen con responsabilidad constitucional.