En La Romana hay muchas cosas por resolver, y por eso duele más ver lo que hicieron catorce funcionarios de la Alcaldía: se subieron el sueldo sin derecho y cobraron ese dinero durante casi un año. No fue un error ni un mal cálculo. Fue una decisión tomada a conciencia para beneficiarse de fondos que no les pertenecían.

En una alcaldía que todavía tiene que poner orden en las calles, mejorar servicios básicos y administrar con responsabilidad cada peso del presupuesto, este abuso no es menor. Es una falta grave contra una población que ya enfrenta demasiadas dificultades.

La justicia actuó como debía: ordenó devolver todo el dinero. Y la sociedad civil, a través de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ha dejado claro que dará seguimiento.

Y tiene que hacerlo. Porque aquí no hablamos de un simple trámite; hablamos de ética, respeto y de la obligación esencial de quienes ocupan un cargo público. No se puede administrar una ciudad mientras se violan las reglas más básicas de integridad.

Lo que toca ahora es simple: devolver el dinero sin retrasos, garantizar un proceso transparente y establecer consecuencias reales para quienes abusaron de su posición. La Romana no puede darse el lujo de permitir abusos mientras tantas necesidades siguen pendientes.

La ciudad merece algo elemental: que el dinero público se respete y se utilice donde realmente hace falta. Todo lo demás es postergar problemas y aumentar la indignación de una gente que ya carga con demasiado.