El jurista Julio Cury sostuvo que la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha alcanzado su fecha de caducidad de manera "automática". Según el abogado, el proceso ha superado con creces el plazo máximo de duración legal sin que la defensa haya interpuesto recursos dilatorios, lo que, a su juicio, deja al Ministerio Público como único responsable del vencimiento de los términos procesales.

Durante una intervención en el programa El Gobierno de la Mañana, Cury explicó que el cómputo del proceso inició en febrero de 2021, cuando Guerrero fue citado por primera vez. Bajo el marco jurídico actual, que establece un límite de tres años (extensible a cuatro en casos complejos), el abogado asegura que existe una "extinción de cajón", dado que el plazo máximo se habría cumplido hace casi dos años sin una resolución definitiva.

Puntos clave de la argumentación jurídica

Julio Cury fundamentó su posición sobre tres pilares críticos que cuestionan la gestión del órgano persecutor:

• Ausencia de incidentes: Cury enfatizó que la defensa de Guerrero no ha presentado un solo recurso orientado a retrasar el calendario judicial, invalidando cualquier intento de culpar a los abogados defensores por la demora.
• Responsabilidad del Ministerio Público: Señaló que el órgano acusador es el encargado de dirigir la investigación y presentar la acusación en tiempo oportuno. "Si el Estado no puede sostener un proceso dentro de los límites de la ley, la consecuencia jurídica no puede ignorarse", advirtió.
• Medidas arbitrarias: Criticó la imposición de alertas migratorias desde noviembre de 2020 y restricciones que duraron más de dos años sin una imputación formal, calificando estas acciones como excesos incompatibles con el debido proceso.

Crítica a los "Mega Procesos" de Corrupción

El jurista también lanzó una crítica sistémica a la estrategia de los grandes expedientes de corrupción administrativa. Según Cury, construir procesos "excesivamente voluminosos" que intentan juzgar gestiones gubernamentales completas en lugar de conductas individuales específicas, hace que los casos sean inmanejables y los encamina inevitablemente hacia la extinción por vencimiento de plazos.