La promesa del llamado gobierno del “Cambio” de combatir la corrupción corre el riesgo de quedar asociada a una sucesión de funcionarios, instituciones y expedientes bajo investigación.
Luis Abinader llegó al poder en agosto de 2020 prometiendo que no habría impunidad y que cualquier funcionario que manejara indebidamente el dinero público sería puesto a disposición de la justicia. Esa fue una de las señales políticas más claras de su llegada al Gobierno.
Una lista que obliga a mirar los controles
Durante los seis años transcurridos desde entonces, distintas investigaciones, auditorías y cuestionamientos han alcanzado instituciones como la Lotería Nacional, INPOSDOM, el Ministerio de la Juventud, INABIE, PROPEEP e INTRANT.
No todos esos episodios son iguales ni tienen el mismo estado judicial. Tampoco una investigación equivale a una condena. Sin embargo, su acumulación plantea una cuestión que trasciende cada expediente por separado: ¿qué tan efectivos son los controles destinados a impedir que las irregularidades lleguen a crecer antes de ser detectadas?
El caso INTRANT ofrece un ejemplo. La Dirección General de Contrataciones Públicas documentó irregularidades graves en la contratación de Transcore Latam, anuló actuaciones y remitió hallazgos al Ministerio Público.
SeNaSa vuelve a colocar el tema en primer plano
Ahora aparece una nueva fase de la investigación sobre SeNaSa.
Según el expediente de la Operación Cobra 2.0-A, el Ministerio Público atribuye a los nuevos imputados un esquema relacionado con 4,363 autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas, por RD$41.1 millones. La solicitud de medida de coerción alcanza a 25 imputados.
Esta investigación se suma al expediente principal de Operación Cobra, en el que el órgano acusador sostiene que el presunto entramado habría provocado un perjuicio superior a RD$15,000 millones a SeNaSa. Es una acusación del Ministerio Público que deberá ser discutida y probada en los tribunales.
Las responsabilidades individuales corresponden a la justicia. Pero el debate institucional puede comenzar antes de que exista una sentencia definitiva.
Investigar no sustituye prevenir
El Gobierno tiene elementos que puede exhibir en su defensa. En septiembre de 2025, por ejemplo, el Poder Ejecutivo dispuso entregar a la Procuraduría un informe sobre irregularidades detectadas en SeNaSa. Además, organismos como Contrataciones Públicas han investigado y detenido procedimientos cuestionados, como ocurrió con INTRANT.
Eso importa.
Pero investigar después no sustituye prevenir antes.
Un sistema público sólido no debería medirse únicamente por su capacidad para perseguir irregularidades cuando ya se han producido. También debe ser capaz de detectarlas temprano, cerrar oportunidades para el abuso y hacer que los controles funcionen independientemente de quién ocupe la Presidencia.
El servicio público no puede verse como un botín
La discusión tampoco termina en auditorías, fiscales o mecanismos de supervisión.
El Estado necesita servidores públicos que entiendan que administrar recursos públicos significa custodiar dinero que pertenece a toda la sociedad. Un cargo no puede convertirse en una oportunidad de enriquecimiento personal ni el presupuesto en un botín disponible para quien tenga acceso a él.
Quien entra al Estado entra a servir, no a servirse.
Porque a este país no le sobra el dinero. Y cuando los recursos públicos se utilizan indebidamente, son recursos que dejan de estar disponibles para salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios que necesita la población.
