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Editorial

Trece muertes, demasiadas preguntas

Manuel Rosario

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Cuando una familia pierde a un recién nacido, merece saber qué ocurrió. Ninguna explicación devuelve esa vida, pero la incertidumbre agrava el dolor. Quienes siguen llevando a sus hijos al hospital también necesitan confiar en que están seguros.

En el Hospital Francisco Gonzalvo, de La Romana, el Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó 13 muertes entre 88 bebés ingresados en cuidados intensivos neonatales, desde enero hasta el 22 de octubre. Ante esta situación, anunció una auditoría.

También existen denuncias sobre posibles infecciones y falta de insumos. Sin embargo, no está demostrado que estas circunstancias causaran las muertes. Algunos bebés llegaron trasladados desde otros centros y cada caso debe investigarse individualmente.

Lo que genera indignación es que continúen sin respuesta preguntas esenciales: ¿quién investiga, cuándo se conocerán las conclusiones y qué garantías de seguridad existen actualmente?

No se trata de un simple trámite administrativo. Se trata de familias que merecen explicaciones concretas, no comunicados que dejan las cuestiones fundamentales para después.

Además, en septiembre, el propio Servicio Nacional de Salud informó que había supervisado el hospital. Ante ese antecedente, surgen nuevas interrogantes: ¿qué encontró esa visita, qué recomendaciones se formularon y cuáles se cumplieron?

Exigir esa información no significa condenar al personal médico, sino pedir cuentas a las autoridades responsables de la supervisión hospitalaria.

Una investigación requiere tiempo y debe respetar la privacidad de los pacientes. Sin embargo, eso no impide establecer plazos, comunicar avances y explicar qué medidas se están aplicando para proteger a los recién nacidos mientras se desarrolla el proceso.

Si existieron fallas evitables, deben corregirse y establecerse las responsabilidades correspondientes. Si no las hubo, las autoridades deben demostrarlo con pruebas.

Lo inaceptable sería que el anuncio de una comisión sustituyera las explicaciones y pusiera fin a la rendición de cuentas.

Las familias merecen más que una promesa de investigar. Merecen respuestas. Porque la responsabilidad no se anuncia: se demuestra.

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