En República Dominicana, salir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela o regresar a casa no debería representar una preocupación. Sin embargo, en nuestras calles, una imprudencia puede cambiar para siempre la vida de una familia.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) advierte sobre las muertes de motociclistas, mientras el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anuncia medidas para regularizar las motocicletas.
El problema es conocido. La pregunta es: ¿qué está cambiando realmente?
El cumplimiento de la ley no puede ser opcional
Conducir con licencia, portar placa y respetar las señales de tránsito no constituye un favor a las autoridades. Es una obligación básica de todo conductor.
El cumplimiento de la ley no puede depender de la conveniencia individual ni limitarse a los momentos en que hay agentes fiscalizando las calles.
Los conductores tienen responsabilidades, pero las autoridades también. Al INTRANT le corresponde regular el tránsito y a la DIGESETT, fiscalizar el cumplimiento de las normas.
Los operativos deben traducirse en resultados
Ante esta realidad, corresponde plantear preguntas concretas:
- ¿Cuántos operativos de fiscalización se realizan?
- ¿Qué resultados están produciendo esas intervenciones?
- ¿Se está reduciendo realmente el peligro en las calles?
No se trata de desconocer el trabajo de las instituciones, sino de exigir resultados verificables que permitan determinar si las medidas están mejorando la seguridad vial.
Los ciudadanos no necesitan únicamente explicaciones sobre un problema que conocen y enfrentan diariamente. Necesitan condiciones para salir de sus hogares y regresar sin temor por su seguridad y la de sus familias.
La autoridad debe enfrentar el desorden, no administrarlo
La seguridad vial exige responsabilidad individual, fiscalización constante y acciones institucionales cuyos resultados puedan comprobarse.
Una autoridad que describe el desorden sin enfrentarlo termina administrándolo.
