Cuando el transporte se detiene en La Romana, no se detiene el funcionario: se detiene la señora que va al mercado, el empleado que va al hotel y el estudiante sin dinero para un motoconcho.
Las rutas A y B suspendieron el paro y acordaron una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Advierten que tomarán medidas más fuertes si no hay soluciones.
¿Quién queda en medio? El pasajero.
Los transportistas dicen que reclaman mejoras desde hace más de diez años. Piden respetar la ruta fijada por ordenanza en 2021, señalizar paradas y asfaltar 500 metros. Según ellos, el alcalde pidió plazo hasta octubre. Octubre pasó.
La ley establece que las rutas son del Estado, no de los gremios. Al INTRANT y al Ayuntamiento les toca ordenar el servicio y hacer cumplir las normas dentro de sus competencias. Si una ordenanza no se aplica, la autoridad debe responder.
Los transportistas pueden tener reclamos legítimos, pero eso no justifica trasladar la presión al pasajero.
Otra reunión no basta. Hacen falta acuerdos claros, responsables definidos y plazos. Ningún cambio de ruta debería obligar a pagar dos pasajes.
Cuando la autoridad no decide, termina decidiendo quien amenaza con parar. Y la factura la paga siempre el mismo: el pasajero.