¿Por qué todavía resulta incómodo que un ciudadano pida explicaciones sobre el dinero público?

Esa es la pregunta que deja sobre la mesa un caso reciente ocurrido en el Ayuntamiento de La Romana. Según la documentación examinada por este medio, un ciudadano presentó dos solicitudes formales de acceso a la información pública al amparo de la Ley 200-04. Ambas quedaron sin respuesta dentro del plazo legal establecido.

Más allá de los expedientes o de quién presentó las solicitudes, el verdadero debate es otro: ¿qué ocurre cuando una institución pública no responde al ejercicio de un derecho ciudadano?

La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, conocida como Ley 200-04, no fue creada para periodistas, abogados ni políticos. Fue creada para todos. Cualquier dominicano puede solicitar información pública de manera gratuita y cualquier institución del Estado tiene el deber de responder dentro de los plazos que establece la ley.

Ese derecho no depende de la simpatía que despierte quien pregunta, ni de la naturaleza de la información solicitada. Si una institución entiende que una solicitud no procede, la propia ley establece cómo debe responder. Lo que no contempla es el silencio como respuesta.

En el caso del Ayuntamiento de La Romana, la discusión tampoco debería centrarse en la identidad del solicitante. Lo verdaderamente importante es determinar si la institución cumplió con la obligación que la ley le impone cuando un ciudadano decidió ejercer un derecho que le pertenece.

También conviene hacer una distinción importante. Publicar fotografías, anuncios, notas informativas o resúmenes presupuestarios no sustituye la obligación de responder una solicitud formal de acceso a la información pública. Comunicar informa; responder permite verificar. Y esa diferencia es fundamental para construir confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

La transparencia no consiste únicamente en mostrar lo que una institución decide publicar. También implica entregar la información que los ciudadanos tienen derecho a conocer, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

Este caso debe servir como recordatorio de que el acceso a la información pública no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un derecho de todos. Conocerlo, ejercerlo y defenderlo fortalece la participación ciudadana y contribuye a una administración pública más abierta y responsable.

Porque una ciudadanía que pregunta fortalece la democracia. Y un Ayuntamiento que responde fortalece la confianza de su gente.