La implementación de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica en la República Dominicana ha comenzado a revelar importantes retos de adaptación en la región Este. Propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas en Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís admitieron que aún desconocen la operatividad del nuevo sistema digital de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a pesar de la prórroga de seis meses otorgada por la entidad gubernamental a partir del pasado 15 de mayo.

El contador Amaury Cedeño y el asesor financiero Inocencio Mercedes coincidieron en que la falta de acompañamiento directo y presencial por parte del personal de la DGII en los establecimientos ha provocado que muchos comerciantes recurran a asesorías virtuales o tutoriales en internet por cuenta propia. Mercedes advirtió que el incumplimiento del calendario de transición conllevará severas sanciones económicas y la imposibilidad de emitir comprobantes válidos para el crédito fiscal, lo que afectará directamente las transacciones comerciales.

No obstante las dudas iniciales, el sector corporativo valora los beneficios a mediano plazo. Edgar Feliciano Cedeño, especialista en contabilidad tributaria, y Armando Céspedes, presidente de la Unión de Empresarios de La Romana (UDER), enfatizaron que la modalidad digital reducirá los errores manuales, agilizará los procesos administrativos y funcionará como una herramienta clave para frenar la evasión fiscal. Asimismo, recordaron que la DGII habilitará un facturador gratuito en su oficina virtual para profesionales independientes y pequeños negocios que emitan menos de 150 facturas mensuales, requiriendo únicamente estar al día con el RNC.